La investidura fallida de Mariano Rajoy abre un periodo de incertidumbre que puede convertirse en un auténtico calvario para la estabilidad económica y la credibilidad del país. El 15 de octubre es la fecha clave. Para entonces, el Gobierno tendría que hacer llegar a la Comisión Europea un plan presupuestario que se ciña a la meta de déficit de 2017, situada en el 3,1%, o lo que es lo mismo, presentar un plan para ajustar 15.000 millones de déficit.
La falta de nuevo Gobierno bloquea también el adelanto del cobro de 6.000 millones de euros en Sociedades que se pactó con Bruselas para evitar la multa a nuestro país por los incumplimientos reiterados del objetivo de déficit.
En la última reforma fiscal del Gobierno de Rajoy, Hacienda aprobó cambios en los pagos fraccionados de Sociedades, en los que suprimió el tipo mínimo de retención a las grandes empresas. Ahora y para evitar una sanción económica, el Ejecutivo en funciones se comprometió con la Comisión Europea a recuperarlo. El problema es que esos cambios obligan a modificar una ley, que es algo que no puede hacer un Gobierno en funciones.
Más aún, la contrarreloj vertiginosa en la que ha entrado el país haría que, en el hipotético caso de que hubiera nuevo Gobierno y de que éste aprobase una reforma exprés de Sociedades, sólo podría recuperar una parte de los ingresos en el último pago fraccionado del impuesto, en el mes de diciembre.
La situación es aún más compleja de lo que parece, tal y como reconoce Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF). Recuerda que el Gobierno aprobó la reforma de Sociedades en un momento en que nadie se la exigía y que, ahora, puede acarrearnos un problema con Europa, porque parece poco probable que el Estado sea capaz de incrementar los ingresos en esos 6.000 millones de euros comprometidos.
Esto indicaría que el PP hizo los números mal y que pecó de optimista en sus cálculos de recaudación al diseñar la rebaja del impuesto. Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB reconoce que, en el supuesto remoto de que el Gobierno en funciones consiguiese aplicar los cambios que pretende, seguiría topándose de bruces con los dos agujeros que este tributo tiene en España.
El primero son los resultados de las grandes empresas que operan en el exterior, porque una parte de sus beneficios no la van a tributar en España -por ejemplo, en países con los que exista convenio para evitar la doble imposición-. Y el otro agujero viene de los créditos fiscales a la banca (DTA), que son un tipo de apunte contable que las entidades hacen al sufrir pérdidas deducibles, para que en un futuro, cuando generen beneficios, puedan compensarlas pagando menos por el Impuesto de Sociedades.
Sin la posibilidad de cambiar la ley, la otra vía por la que aumentar la recaudación vendría de la coyuntura, es decir, de que la actividad económica mantuviese un dinamismo notable en el segundo semestre e impulsase los ingresos por IRPF, IVA o hidrocarburos. En este caso y, según los expertos consultados, el alza de ingresos seguiría sin ser suficiente, máxime cuando tenemos pendiente ese ajuste de 15.000 millones.
El economista Javier Santacruz añade un matiz importante, puesto que hasta ahora todas las modificaciones, tanto de retenciones como de pagos a cuenta, siempre se habían hecho incluyéndolas primero en los Presupuestos del Estado.
En el fondo, no se trata sólo de recaudar más para cumplir con lo prometido a Bruselas, sino que cualquier cambio introducido en un tributo para elevar su recaudación es, también materia presupuestaria. Al final, esa modificación va a tener un impacto sobre el total de la recaudación y ésta sirve de referencia para el reparto de los fondos del sistema de financiación que les corresponden a las autonomías.
"Si el Ejecutivo lograse a finales de este año o principios del que viene aprobar un aumento de los pagos a cuenta en Sociedades, éste ya no iría incorporado en las Cuentas de 2017 y esto pondría en alerta a los gobiernos territoriales", apunta Santacruz.
En cualquier caso, el tiempo apremia y sólo si el 15 de octubre hay Gobierno habrá margen para presentar unos nuevos Presupuestos. Si no, se prorrogarán temporalmente los de 2016, lo que automáticamente tendrá un efecto contractivo en las cuentas públicas, penalizará la inversión y pondrá en marcha el proceso sancionador a España de la Comisión Europea. Fuentes parlamentarias advierten en este sentido que ya se ha perdido "todo el tiempo que se podía perder sin consecuencias graves". A partir de ahora, pintarán bastos.
Pese a que fuentes de Hacienda reconocen que llevan meses trabajando en las cuentas, no será posible llevar ese guión de Presupuestos al Congreso mientras el Gobierno siga en funciones.
La primera fecha límite es el 30 de septiembre, plazo para que los Presupuestos se presenten y lleguen a Bruselas en tiempo y forma el 15 de octubre. No obstante, si el Ejecutivo no lo solicita, las Cuentas no se prorrogarán de forma automática en esa fecha. Es decir, el Gobierno tendría todavía un margen de 15 días para tramitar de forma urgente un plan presupuestario. Pero sólo tendrá esos 15 días para lograr que un candidato saque adelante la investidura, condición sine qua non para que España recupere la credibilidad ante los socios europeos.
Como paso previo, e imprescindible, para la aprobación de las Cuentas de 2017 y el cumplimiento renovado con los socios europeos está la aprobación del techo de gasto. Una medida urgente no sólo para las finanzas del Estado, sino para las comunidades autónomas, ya que el Gobierno no sólo fija el tope general sino que establece el reparto de los límites para los distintos niveles de administración.
La mitad del gasto público es gestionado por las autonomías y los ayuntamientos, mientras que la Administración central gestiona poco más del 20 por ciento del gasto total. El resto es gasto de la Seguridad Social. Un hecho que puede ser determinante para explicar por qué algunos barones socialistas prefieren que el PSOE opte por la abstención y facilite que haya un Gobierno liderado por Rajoy. Y es que buena parte de sus recursos dependen de que haya Presupuestos y de la aplicación del actual modelo de financiación, lo que mantiene paralizada la gestión de muchas autonomías.
Atajo parlamentario
En este caso, aunque el reglamento da lugar a interpretaciones, sí sería posible tomar un atajo parlamentario que permitiera a un Gobierno en funciones aprobar el techo de gasto. Con todo, el trámite no sería sencillo.
El Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy tendría que presentar ese límite de gasto a través de un acuerdo en el Consejo de Ministros. Para salir adelante, dicho acuerdo necesita mayoría simple en Congreso de los Diputados, el Senado y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En los dos últimos casos no habría dificultades, por la mayoría absoluta del PP, pero en el Congreso la votación podría resultar fallida.
Ciudadanos mantiene la mano tendida al presidente en funciones, Mariano Rajoy, para aprobar el límite de gasto. Fuentes de la formación naranja apuntan a que, aunque no es el escenario ideal, en esta ocasión, "hay razones de interés general y de urgencia que justifican que sea un Gobierno en funciones el que apruebe el techo de gasto".
Sin embargo, pese a la cesión del partido de Rivera, esos votos pueden no ser suficientes. Por lo pronto, el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, anunció hace días que los socialistas votarían en contra del techo de gasto y de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año por los recortes que se prevén, lo que supone que sería muy difícil su aprobación.
Publicado hoy 3-9-16 en el eleconomista.com
Dto. Fiscal Romar Data
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