La Moncloa, Madrid, viernes, 18 de julio de 2014
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El Consejo de Ministros ha aprobado un plan integral para reformar las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y de gestión de la incapacidad temporal. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que esta norma está recogida en el Plan Nacional de Reformas y "da seguridad jurídica al marco regulador de las mutuas, que llevaba desde 1966 sin actualizar".
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que la futura ley pretende mejorar la gobernanza de las mutuas para que sean transparentes a la hora de gestionar los recursos públicos. En este sentido, las retribuciones del personal directivo serán claras, y se prohíbe expresamente a los altos cargos celebrar contratos de la mutua con sus empresas o con aquellas en las que ellos o sus familiares tengan participaciones superiores al 10%.
Por otra parte, la norma reforzará el control sobre los fondos que gestionan las mutuas y extremará los controles sobre ellas, ya que son entidades privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas.
La ministra ha señalado que los excedentes se reintegrarán al Sistema de Seguridad Social para el pago de las prestaciones. También se destinarán a nuevas actividades de I+D+i en las mejoras de tratamientos terapéuticos y de rehabilitaciones de patologías originadas en los accidentes de trabajo o para la recolocación de personas con algún tipo de discapacidad.
 Pool Moncloa / Acceso libreLa futura ley también mejora la eficacia y transparencia en la gestión de la Incapacidad Temporal. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral y cuando consideren que el beneficiario puede trabajar podrán formular propuestas motivadas de alta médica. La inspección médica de los Servicios Públicos de Salud comunicará a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad social, en un plazo máximo de cinco días hábiles, frente a los 15 actuales, si estima o deniega la propuesta. Fátima Báñez ha aclarado que "el alta médica siempre la dará un médico" y se comunicará tanto a la empresa como al trabajador.
La ministra también ha destacado que el Proyecto de Ley mantiene la prestación por cese de actividad de los autónomos como voluntaria y se elimina la obligatoriedad de las contingencias profesionales. Para que los autónomos puedan pedir el cese de actividad cuando aleguen motivos económicos, las pérdidas tendrán que ser del 10%; no del 30% como en la actualidad.
La norma contempla la modificación de la periodicidad de los partes de confirmación de baja en función de la duración de la misma estimada por el médico. Hasta cinco días de baja, se podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita médica; entre 5 y 30, cada 14 días; entre 31 y 60, cada 28 días y en procesos de larga duración, más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días.
La ministra ha resaltado que esta medida favorecerá que los trabajadores o sus familiares no tendrán que desplazarse al centro de salud cada 7 días para recoger los partes y favorecerá que la empresa reduzca sus cargas administrativas.
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Favorecer el acceso a la vivienda
El Gobierno estima que el plan contará con una inversión total de 3.795 millones de euros, de los que 2.527 corresponden a inversión pública y 1.268 a inversión privada, y que generará 36.000 puestos de trabajo en tres años.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado que los objetivos de la medida son: facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos; apoyar el alquiler y favorecer la salida del stock de casas vacías; fomentar la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas; y mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Pastor ha informado de que se mantienen las ayudas de concedidas en aplicación de planes de vivienda anteriores para ayudar a los deudores hipotecarios con menos recursos a hacer frente a las obligaciones de sus préstamos. Además, se facilitará el acceso y la permanencia en una vivienda de alquiler a los sectores de población que tengan dificultades económicas.
La ministra ha precisado que el alquiler mensual debe ser igual o inferior a 600 euros y las ayudas pueden suponer hasta el 40% de la renta del alquiler. Además, ha asegurado que tendrán preferencia las personas afectadas en los procedimientos de desahucios.
La titular de Fomento también ha adelantado que se creará un parque público de vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. También se fomentará la rehabilitación de edificios para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética. Las comunidades de propietarios se beneficiarán de una ayuda de hasta 4.000 euros por vivienda.
Por otra parte se financiará la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización del espacio público o de sustitución de edificios demolidos; se implantará la realización de un informe de evaluación de los edificios y se financiará la ejecución de proyectos para mejorar los barrios, los cascos históricos y la sustitución de infraviviendas.
Pool Moncloa / Acceso libreEl Gobierno ha autorizado la suscripción de convenios de colaboración entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas, excepto País Vasco y Navarra, para ejecutar el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas durante el periodo 2013-2016.